El último capítulo en la batalla legal sobre la ley AB5 de California ha sido marcado por un fallo contundente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El juez Roger Benítez rechazó los argumentos de la industria camionera, confirmando la validez de la AB5 y su prueba ABC para clasificar a los trabajadores como empleados o contratistas independientes.

La historia detrás de este caso se remonta a la promulgación de la AB5 en 2019, seguida de una orden judicial preliminar que bloqueó su aplicación contra la industria del transporte por carretera. Sin embargo, tras una serie de apelaciones, la AB5 se mantuvo vigente, lo que llevó a la industria a desafiar su constitucionalidad.

En este último fallo, el Tribunal desestimó los argumentos de la industria, afirmando que la AB5 no estaba superada por la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación y que no violaba la Cláusula de Comercio Inactivo ni los principios de igualdad de protección. Además, el Tribunal abordó la controvertida "exención B2B", indicando que las obligaciones federales de veracidad en el arrendamiento no impedían a los transportistas cumplir con esta exención.

A pesar de las críticas y desacuerdos, el juez Benítez dejó claro que las discusiones sobre la AB5 pertenecen al ámbito político, no judicial. Esto plantea importantes implicaciones para la industria del transporte por carretera en California, donde muchos operadores ya han ajustado sus modelos de negocio para cumplir con la ley.

Mientras la CTA y la OOIDA consideran sus opciones legales, la realidad es que la AB5 ha estado en vigor durante más de cuatro años y ha sido aplicada desde mediados de 2022. Para los transportistas responsables, la conformidad con la ley es ahora una prioridad. Este fallo marca un hito en la regulación laboral y económica del transporte por carretera en California, un tema que continuará siendo debatido en los ámbitos político y legal.