Veinte fiscales generales demócratas han demandado al Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) por condicionar los fondos de infraestructura vial al cumplimiento de políticas migratorias promovidas por el expresidente Donald Trump.

Los fondos viales federales son recursos económicos asignados por el gobierno para mejorar la infraestructura del transporte: reparación de carreteras, puentes, redes ferroviarias, aeropuertos y estaciones de tránsito. Programas como el Highway Trust Fund, el Infrastructure Investment and Jobs Act, o los fondos para carreteras interestatales y transporte público, permiten a los estados mantener la seguridad vial y sostener el desarrollo económico local.

La polémica se desató cuando el secretario del DOT, Sean Duffy, envió una carta el 24 de abril indicando que solo recibirán fondos los gobiernos que cooperen con la aplicación de leyes migratorias federales, como colaborar con ICE o evitar políticas “santuario”.

Los fiscales alegan que dicha condición es ilegal y una extralimitación del poder ejecutivo, pues el Congreso no autorizó vincular los fondos de transporte con temas migratorios. Afirman que cortar esta financiación provocará el colapso de obras clave, aumentando el riesgo de accidentes y muertes.

Cumplir con esta exigencia, además, significaría desviar recursos estatales hacia tareas migratorias, para las cuales muchas agencias de transporte no están preparadas.

La demanda, liderada por California, busca frenar lo que consideran un uso político y coercitivo de recursos vitales para la seguridad pública.